Muchas personas creen que después de obtener una sentencia favorable contra el Estado el pago llega automáticamente. Pero en la práctica no funciona así. De hecho, después del fallo inicia una etapa igual de importante: el trámite administrativo de cobro ante la entidad condenada.
Y es precisamente en esta etapa donde suelen aparecer muchos problemas que pocas veces se explican.
Uno de ellos tiene que ver con la correcta presentación de la cuenta de cobro y los efectos que esto puede generar frente al reconocimiento de intereses y al avance mismo del trámite administrativo.
Bajo el antiguo Código Contencioso Administrativo —Decreto 01 de 1984— los beneficiarios contaban con seis meses para presentar la cuenta de cobro. Si pasado ese término no se cumplía con los requisitos exigidos, se suspendía la causación de intereses hasta tanto se aportara correctamente la documentación requerida.
Con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 —CPACA— el término se redujo a tres meses, haciendo mucho más importante una radicación completa y oportuna.
Además, bajo el régimen actual, las sentencias no generan desde la ejecutoria intereses moratorios como ocurría anteriormente. Durante los primeros diez meses posteriores a la ejecutoria lo que se reconoce es una tasa equivalente al DTF, y solo después empiezan a causarse intereses moratorios. Por eso, cualquier requerimiento o inconsistencia documental puede terminar impactando directamente el componente financiero de la condena.
Y aquí hay un punto importante: no basta simplemente con “radicar” una cuenta de cobro.
Lo verdaderamente importante es que cumpla con todos los requisitos legales exigidos por la normatividad vigente para que pueda avanzar correctamente dentro del proceso administrativo de pago.
Actualmente, los decretos reglamentarios que regulan el pago de sentencias y conciliaciones contra entidades públicas exigen documentos como las providencias judiciales completas, constancias de ejecutoria, poderes, certificaciones bancarias, declaraciones juramentadas, documentos de identidad de beneficiarios y apoderados, entre otros requisitos que varían dependiendo de cada caso.
Incluso en situaciones donde existen menores de edad, muchas entidades requieren documentación específica según la edad del beneficiario. Por ejemplo, para mayores de siete años se exige tarjeta de identidad y para menores de siete años registro civil de nacimiento. Las constancias no suelen ser aceptadas.
En la práctica, muchas demoras no obedecen únicamente a temas presupuestales. También existen trámites detenidos por requerimientos pendientes, documentos incompletos o inconsistencias que terminan suspendiendo el avance del pago.
Por eso, hoy más que nunca, el acompañamiento durante esta etapa cobra especial importancia. Una adecuada estructuración y radicación de la cuenta de cobro no solo facilita el avance administrativo de la obligación, sino que también puede brindar mayor seguridad jurídica y financiera frente a eventuales procesos de negociación de derechos económicos derivados de sentencias.
Al final, cuando se trata de este tipo de procesos, los detalles jurídicos sí hacen diferencia. Y muchas veces, también impactan el tiempo.
Diana Cabrera, Gerente General
Solventa Legal S.A.S.
